Calidad del agua en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ha finalizado la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Los Alisios, una infraestructura incluida en el Plan Vertido Cero destinada a mejorar la capacidad y fiabilidad de la red de saneamiento del distrito Suroeste y reducir el riesgo de vertidos al litoral.

La actuación ha supuesto una inversión aproximada de 7,18 millones de euros. La nueva estación incrementa la capacidad de impulsión de aguas residuales y forma parte de una red de nuevas infraestructuras que incluye actuaciones en Añaza, Acorán y otros puntos del municipio. Es una actuación dentro de un programa municipal más amplio y no implica que hayan desaparecido automáticamente todos los problemas de saneamiento o vertidos de Santa Cruz.

Inversión: 7,18 M€

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que España había incumplido distintas obligaciones de la Directiva 91/271/CEE en varias aglomeraciones incluidas en el procedimiento C-433/23, entre ellas varias situadas en Tenerife. La sentencia afecta a obligaciones relacionadas con la recogida, el tratamiento y el control de las aguas residuales urbanas.

Una sentencia europea constata incumplimientos del pasado y exige su corrección. No indica por sí misma la situación de una playa el día en que se consulta.

Resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias que autoriza la ocupación de dominio público marítimo-terrestre para bombear las aguas desde la EBAR de San Andrés al colector del litoral. Se enmarca en la política de Vertido Cero, con financiación europea NextGenerationEU.

La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. El procedimiento incluye varias aglomeraciones de Tenerife, entre ellas Adeje-Arona, Añaza, Candelaria, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles, Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava.

Un procedimiento de infracción se dirige contra España y describe obligaciones incumplidas a nivel de aglomeración, no la calidad del agua de una playa en un día concreto. Las obras y conexiones necesarias corresponden a distintas administraciones.